lunes, 18 de abril de 2016

Bahía de Cochinos: la invasión que pudo evitar cinco décadas de dictadura en Cuba

El 17 de abril de 1961 pudo haber cambiado la historia de Cuba. Ese día se produjo el desembarco en la bahía de Cochinos, en la costa sur de la isla, de la Brigada de Asalto 2506, integrada por 1.500 cubanos entrenados y financiados por Estados Unidos, que pretendía poner fin al régimen comunista que había implantado Fidel Castro poco más de dos años antes.
Pero la falta de convicción del demócrata John F. Kennedy en una operación que había sido impulsada por su antecesor republicano, Dwight D. Eisenhower, le privó del respaldo necesario y frustró sus posibilidades de éxito.
De haber triunfado, «nos habríamos ahorrado 55 años de dictadura oprobiosa, tiranía, muerte, sangre y destrucción», asegura Luis González Lalondry, hoy de 82 años y que con 27 fue jefe de Comunicaciones de uno de los batallones que combatió aquel día.
Lalondry y otros veteranos de lo que él llama un «desembarco patriótico» recuerdan para ABC desde su largo exilio en Miami lo que vivieron aquel episodio en el que trataron de frenar la dictadura comunista en la isla.

El respaldo de Estados Unidos

Desde principios de 1960, las autoridades norteamericanas habían dado luz verde al adiestramiento de hombres con vistas a futuras operaciones contra el régimen de Fidel Castro. El origen de la Brigada 2506 que finalmente se encargaría del intento de invasión fue un grupo de jóvenes estudiantes y ex militares rebeldes de Cuba que se empezaron a concentrar de la mano de la CIA en una isla frente a la costa occidental de Florida, en el golfo de México, desde donde se les envió a formarse en países centroamericanos como Panamá y Guatemala, donde se fueron incorporando otros nuevos reclutas.
Uno de aquellos primeros jóvenes era Jorge Gutiérrez Izaguirre, alias «El Sheriff», un alumno de Derecho en la Universidad de La Habana que se instruyó como radiotelegrafista y que fue designado como segundo jefe de un grupo de infiltración que debía tomar contacto con los guerrilleros anticastristas que estaban operando en la isla.
A sus 80 años, Izaguirre recuerda como si fuera hoy que a las siete de la mañana del 19 de marzo de 1961, unas semanas antes del desembarco en Bahía de Cochinos y habiendo contactado ya con la resistencia anticastrista, el pequeño grupo con el que se encontraba amaneció rodeado por unos 1.500 soldados del régimen en la provincia de Matanzas.
Tras formarse una «balacera», trató de cruzar una explanada y una bala de un fusil belga Fal le atravesó desde la paleta hasta el esternón, perforándole el pulmón derecho, mientras otros compañeros caían fulminados a su lado, rememora mostrando el agujero que el balazo le ha dejado de por vida en el pecho. Cuando intentaba reincorporarse con una granada en la mano, un oficial se dispuso a terminar con su vida. «Hijo de puta, te voy a rematar», le anunció. Sin embargo, cuando apretó el gatillo el arma se le había encasquillado y pudo sobrevivir, explica este antiguo combatiente en las instalaciones de la llamada Casa de la Brigada 2506 en Miami.
Izaguirre estuvo después a punto de ser fusilado, pero volvió a esquivar la muerte al suspender Fidel Castro la ejecución de prisioneros. En cambio, acabó cumpliendo 18 años de prisión con trabajos forzados.

La aviación castrista, intacta

Una de las claves del fracaso de la operación de Bahía de Cochinos fue que no se pudo acabar con la aviación castrista. Esteban Bovo Carás pilotaba una de las ocho naves que volaron desde Nicaragua el 15 de abril para bombardear la fuerza aérea del régimen.
Por una parte, se habían retirado las torretas de ametralladoras traseras para reducir el peso de las naves y aumentar la autonomía de vuelo, lo que les impidió defenderse como habrían podido hacerlo con todas sus armas cuando un enemigo se situaba a su cola. «El primer día, perdimos la mitad del escuadrón», se lamenta Bovo.
Por otro lado, tras las primeras protestas de Cuba ante Naciones Unidas, Kennedy ordenó suspender los vuelos de los días siguientes, con lo que buena parte de los aviones castristas quedaron intactos para hacer frente al desembarco. «Eso fue suficiente para acabar con nosotros», recuerda el antiguo piloto de un B-26.
El día del desembarco, el 17 de abril, Luis González Lalondry se encontraba a bordo del «Houston» con el Batallón 5, listo para desembarcar con explosivos y las armas para distribuir entre los cubanos que se sumaran a la invasión. Pero a las 9.15 de la mañana, el buque recibió el impacto de un cohete lanzado por un T-33 y el capitán del barco lo lanzó contra la costa para encallarlo y evitar que se hundiera del todo, aunque no pudo impedir que parte de los hombres murieran ahogados o alcanzados por la artillería en la cubierta. Los que llegaron a la orilla, trataron de alcanzar Playa Larga, que fue donde «se combatió más duro», señala. A su juicio, la de la Brigada 2506 fue«una misión heroica».
Otro de los barcos, el Río Escondido fue alcanzado de lleno por los bombardeos enemigos, provocando una explosión «gigantesca», rememoraAurelio Pérez Lugones, que ejerció como segundo en el Servicio de Inteligencia.
«La idea era que, una vez asegurada la cabeza de playa, aterrizaran los aviones y se surtieran con lo que llevábamos en los barcos y comenzaran a operar desde este aeropuerto», explica señalando sobre un mapa unas pistas próximas a la bahía.
Para Pedro Corzo, presidente del Instituto para la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, «la política primó sobre las consideraciones militares de los encargados de planificar la operación». «Indudablemente el presidente no estaba convencido del todo de la necesidad de ese tipo de acción militar.», señala Corzo, ya que «Kennedy había heredado el plan de su predecesor y lo enmendó, convirtiendo lo que en principio iba a ser una guerra irregular en una de tipo convencional, sin facilitar los recursos que tal tipo de contienda demanda».

domingo, 17 de abril de 2016

Venezuela: Guerra política, jurídica e institucional

Por José Vicente Rodríguez Aznar - El Universal - 17/04/2016 

La semana pasada escribí algunos comentarios sobre la inconstitucionalidad declarada por la Sala Constitucional a la Ley del Banco Central de Venezuela aprobada por la Asamblea en marzo del presente año. Se me ha pedido que los amplíe, lo que hago a continuación.
En las elecciones parlamentarias del pasado 6-D triunfó la oposición con una mayoría del 67% de los diputados de la Asamblea Nacional, despojando al oficialismo del predominio mantenido en los últimos años. El Ejecutivo Nacional todavía no ha asimilado esta realidad e intenta apoderarse de funciones de la nueva Asamblea, con el apoyo de los demás poderes, en especial, del Tribunal Supremo de Justicia. Sirve de ejemplo lo ocurrido con las recientes leyes del BCV.
El Presidente Maduro en fecha 30-12-2015, al conocer la nueva composición de la Asamblea, hizo un último uso de la Ley Habilitante faltando apenas 24 horas para que ella feneciera y tan solo cinco días para que se instalara el nuevo Parlamento, modificando la Ley del BCV que él mismo había dictado el 19-11-2014. Esta modificación despojó a la nueva Asamblea de funciones que antes tenía, traspasándoselas al Ejecutivo. Veamos:
a) Eliminó la atribución de la Asamblea de ratificar, con el voto de la mayoría de sus miembros, la designación del Presidente del BCV efectuada por el Presidente de la República. Lo mismo ocurre en caso de su falta absoluta.
b) Eliminó la facultad de la Asamblea de designar dos Directores del BCV, mediante el voto de la mayoría de sus miembros.
c) Eliminó la obligación del presidente del BCV de comparecer ante la Asamblea para rendir cuentas de su gestión.
d) Introdujo la facultad del BCV para financiar déficits fiscales, la cual está expresamente prohibida por la Constitución
e) Introdujo la autorización al Directorio del BCV para suspender transitoriamente la publicación de información estadística, cuando así lo requiera el Presidente de la República.
La Sala Constitucional analizó la Ley aprobada por la Asamblea, la comparó con la Ley dictada por Maduro en 2015 y la declaró inconstitucional. Entre sus motivaciones destacan que la Asamblea incurrió en desviación de poder en contra la autonomía de los poderes públicos; que la nueva mayoría parlamentaria tuvo el propósito de ejercer el control político sobre el BCV y que la designación de todos los miembros de su Directorio le corresponde solo al Presidente de la República.
Ahora bien, es de observar que la Ley aprobada por la Asamblea es prácticamente la misma que la dictada por Maduro en noviembre de 2014. a la cual la Sala Constitucional no le hizo objeción alguna. El propósito de la Asamblea era retomar las funciones que ya tenía en la Ley de 2014. Si la Sala Constitucional fuera consecuente con sus criterios, los mismos motivos que ha expresado para objetar la Ley aprobada por la Asamblea en marzo 2016, debió tenerlos también para declarar inconstitucional la Ley del 2014 aprobada por Maduro, lo cual no hizo.
Por lo tanto, habría que preguntarse si la Sala Constitucional aplica distintas interpretaciones de la Constitución sobre un mismo texto legal, según quien sea el legislador que lo apruebe y el grupo político que domine la Asamblea. Habría que preguntase también cómo queda la seguridad jurídica tan necesaria para nuevas inversiones que reactiven la producción.
Lamentablemente existe en el país una guerra política, jurídica e institucional entre la Asamblea y los demás Poderes Públicos que daña a las instituciones e indigna a la mayoría de la población que rechaza la intolerancia, exige respeto entre las instituciones y desea la convivencia pacífica para el bienestar del país